Así se habrían robado el 25 por ciento de la valorización en Armenia
En un hecho que el Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez calificó como inusual en la corrupción colombiana, se pactaron arras, una suma de 300 millones de pesos que fueron entregados por el ingeniero Fernando León Diez Cardona, representante de la constructora Diez Cardona, a Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la alcaldesa de Armenia para la época, Luz Piedad Valencia Franco. Este pago se hizo en 2014, cuando aún se tramitaba en el Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo presentado por la mandataria para revivir el cobro de la valorización en la ciudad.
«Es insólito que antes de celebrado el contrato ahora se le entregan hasta arras en procesos de contratación, lo que faltaba»
Para esa fecha y según la investigación de la Fiscalía, el esposo de Valencia ya había seleccionado al contratista al que le entregaría las 10 obras que serían financiadas con dicha contribución que finalmente fue aprobada por la mayoría de concejales a través del acuerdo 020 de 2014. Además de que le entregaría los contratos de interventoría y consultoría de diseño.
Finalmente se priorizaron 12 obras e inicialmente se contrataron diez por un total de 110.000 millones de pesos que se pagarían con los recursos de los armenios y se adjudicaron los contratos a dos uniones temporales.
Estas obras fueron licitadas en 2015 y aunque se entregaron en dos contratos diferentes, uno por cuatro obras y el otro por seis, ambos quedaron en manos de los mismos contratistas, quienes conformaron el único oferente que se presentó en las dos licitaciones.
El contrato 012 de julio de 2015 fue por 30.000 millones de pesos y otorgado a la Unión Temporal Vías Armenia integrada por la constructora Diez Cardona, Furel S.A., y Construcciones Lezo S.A.S. Y el contrato 031 de 2015 fue por 80.000 millones de pesos y otorgado a la Unión Temporal Puentes de Armenia conformada por las mismas tres firmas.
El primer contrato se celebró cuando ni siquiera se había efectuado el recaudo de la valorización. De este solo se han entregado tres obras; la intersección vial de Los Kioscos, la rehabilitación vial de la avenida Centenario y el deprimido o túnel de La Constitución.
El alcalde actual de Armenia, Carlos Mario Álvarez negoció con los contratistas solo adelantar por el momento 3 de las 6 obras del contrato 031 pues argumentó que el municipio no tenía recursos para pagar la totalidad de las obras y que el recaudo de la valorización no se ha comportado como lo diseñó el equipo de la exmandataria Valencia.
Entre 2015 y 2016 solo se recaudaron 37.880 millones de pesos cuando se esperaban 78.000 millones de pesos. De ahí que ese contrato quedó en 55.000 millones de pesos. Las tres obras que están en construcción tienen un avance inferior al 10 por ciento según la Fiscalía.
“El adelanto del segundo contrato, (unos 24.000 millones de pesos) sirvió para ejecutar las tres obras del primer contrato. Los contratos fueron formalizados sin que hubiera siquiera diseños, pues estos fueron realizados por el mismo contratista de la obra posterior a la firma del contrato, y el segundo contrato fue suscrito sin que existiera disponibilidad presupuestal”, dijo el Fiscal general.
Según la investigación de la Fiscalía, desde 2014, el esposo de la mandataria y el contratista convinieron la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a las empresas de Díez Cardona, a cambio de que se le entregara a Valencia el 10 por ciento del valor de cada uno de los contratos de obra y de interventoría, además del 100 por ciento de los contratos de consultoría de diseños.
La presunta conducta delictiva fue reconocida por el contratista Fernando Díez durante los interrogatorios dados tras su captura hace 15 días en Medellín. Su esposa, Luz Maribel Ramírez, además del reconocido empresario antioqueño Hernán Moreno Pérez, representante de la empresa Furel S.A., y los interventores Ángel José Angarita Pareja y Leonardo Lasso Aguirre, también fueron capturados y esperan que en el Juzgado 20 Penal Municipal de Medellín se les defina si les darán medida de aseguramiento como lo solicitó la Fiscalía.
El esposo de la exalcaldesa se habría reunido con los secretarios del despacho para definir el direccionamiento de los contratos. Según la Fiscalía, cuenta con pruebas de la entrega de dinero en efectivo en Medellín y Armenia, “tras el acuerdo ilícito, a los señores Sebastian Congote (gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edua) para la época) y Aura María Saldarriaga (funcionaria de la Edua) y que tendrían como destinatario final a la familia Valencia”.
De acuerdo con la evidencia, “los pagos criminales habrían ascendido a los 14.000 millones de pesos, esa suma forma parte del detrimento hasta ahora acreditado en la investigación que ascendería a 22.000 millones pesos”.
La exmandataria fue capturada en la mañana de este sábado en su casa en Armenia, junto a su esposo, tres exsecretarios de su despacho, y dos funcionarios más de su administración. Dos semanas fueron capturados los contratistas en Medellín. Los indiciados esperan la legalización de su captura en Armenia y posteriormente será la audiencia donde la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento.
Esta semana, antes de la captura, la exmandataria aseguró al término del interrogatorio al que fue citada en la Fiscalía, que no entregó el anticipo de las obras, sino que fue su sucesor, el actual alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez.
“Yo no pagué el anticipo, mis actuaciones llegaron hasta el 31 de diciembre de 2015, las actuaciones posteriores las realizó el actual alcalde de Armenia y quien entregó el anticipo cuestionado de ese contrato fue Carlos Mario Álvarez y no yo”, dijo Valencia.
Mientras que su abogado, Andrés Garzón aseguró que “le mostramos a la Fiscalía que no tienen que buscar en río arriba, que las cosas se tienen que buscar donde es, si se les perdieron 20.000 millones se les perdieron en abril de 2016 no antes de diciembre de 2015, por lo tanto hay que buscar allí porque los recursos invertidos y entregados por la administración de la doctora Luz Piedad están en las obras”.
Sin embargo, a la exalcaldesa se le imputarán los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de cinco contratos sin cumplimento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Mientras que a su esposo, Francisco Valencia se le acusa de los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir en calidad de determinador según el fiscal Martínez.
Al exsecretario jurídico, Ricardo Ramírez, se le acusa de concurso homogéneo y sucesivo de tres contratos sin cumplimento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, al ex subdirector del departamento jurídico, Juan Sebastián Londoño, concurso homogéneo y sucesivo de dos contratos sin cumplimento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
Al exgerente de la Edua, Sebastián Congote se le acusa de concurso homogéneo y sucesivo de tres contratos sin cumplimento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir. A la exfuncionaria de la Edua, Aura María Saldarriaga, se le acusa de peculado y concierto para delinquir. También fue capturado el exsecretario de Infraestructura, Julio César Escobar.
“Vamos a recuperar los dineros porque hay riqueza acumulada, hay actuación en extinción de dominio para este caso. Jamás pensamos que esta investigación iba a tener tanto calado, hemos traído incluso fiscales e investigadores de Bogotá para apoyar a los investigadores de aquí”, señaló el fiscal general durante una rueda de prensa que ofreció en Armenia, este sábado.
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